Aborto legal y pensamiento galindiano: una conexión necesaria

María Galindo, activista boliviana, cofundadora del colectivo Mujeres Creando, surgido en La Paz en 1992, y una de las voces más influyentes del feminismo latinoamericano, nos ha invitado de manera sostenida a repensar las estructuras de poder y las formas en que se manifiesta la opresión. Su trabajo, que abarca desde la reflexión teórica hasta el activismo de base, se centra en la autonomía de las mujeres y en la lucha contra las violencias sistémicas que moldean sus vidas. En este contexto, la cuestión del aborto legal, seguro y gratuito se erige no solo como un derecho reproductivo fundamental, sino como un punto crucial para entender la coherencia y profundidad del pensamiento galindiano. Este artículo busca explorar esa conexión esencial, desentrañando cómo el análisis de Galindo ilumina las dimensiones políticas, sociales y éticas que rodean el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El pensamiento feminista de Galindo no se limita a demandar derechos; se propone transformar las relaciones de poder que hacen necesaria esa demanda. Para ella, la autonomía del cuerpo de las mujeres es condición de la libertad y de cualquier proyecto político emancipador, y la criminalización del aborto constituye una herramienta más de control estatal sobre la vida y la reproducción de las mujeres. Esta conceptualización rebasa la simple elección individual, situando el aborto como una cuestión de justicia social y como estrategia de resistencia contra un sistema patriarcal que históricamente ha negado a las mujeres el control sobre sus destinos.

Comprender la postura de Galindo sobre el aborto implica, por tanto, adentrarse en su visión integral del feminismo, que no se limita a impugnar las leyes restrictivas: alcanza también a las normas sociales, los prejuicios morales y las estructuras económicas que condicionan la vida de las mujeres. En esa integralidad reside su distancia respecto del feminismo liberal de agenda individual: el cambio normativo importa, pero solo cobra pleno sentido dentro de una crítica más amplia al patriarcado, al colonialismo y al modelo capitalista que siguen tratando el cuerpo de las mujeres como territorio de disputa y de explotación.

El cuerpo como campo de batalla: autonomía y control

Para María Galindo, el cuerpo de la mujer ha sido históricamente un territorio disputado, objeto de control y regulación por parte de instituciones patriarcales como la familia, la Iglesia y el Estado. Ese control se manifiesta en la imposición de roles de género, en la penalización de las decisiones reproductivas y, en varios códigos penales de la región, en penas de prisión para las mujeres que interrumpen su embarazo. La criminalización del aborto no es, en ese sentido, sino una expresión más de esa voluntad de dominación, una forma de obligar a las mujeres a reproducirse para servir a los intereses del sistema patriarcal.

La defensa del aborto legal, desde la perspectiva galindiana, no se trata simplemente de garantizar el acceso a un procedimiento médico, sino de reclamar la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Es un acto de resistencia contra la violencia obstétrica, la maternidad impuesta y todas las formas de coerción que limitan la autonomía de las mujeres. Se trata de reconocer que cada mujer tiene el derecho inalienable de decidir si quiere o no continuar un embarazo, sin que se le impongan culpas, juicios morales o consecuencias legales.

Desafío a la moral conservadora y la hipocresía social

El pensamiento de María Galindo desafía frontalmente la moral conservadora que estigmatiza el aborto y criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Critica la hipocresía de una sociedad que predica la protección de la vida, pero se muestra indiferente ante las condiciones de pobreza, desigualdad y violencia que afectan a las mujeres y a sus hijos.

Galindo argumenta que la criminalización del aborto no impide que se realicen interrupciones, sino que las empuja al aborto clandestino, inseguro y estigmatizado, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres y golpeando con mayor dureza a quienes viven en sectores marginados y vulnerables. De ahí el lema con que la marea verde latinoamericana resume la demanda: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La legalización, en cambio, permitiría garantizar el acceso a servicios de salud seguros y de calidad, además de brindar acompañamiento y apoyo a las mujeres que toman esta decisión.

Aborto y justicia social: una perspectiva interseccional

La visión de Galindo sobre el aborto se sostiene en una perspectiva interseccional: las mujeres no son un grupo homogéneo, y sus experiencias están atravesadas por la clase social, la etnia, la orientación sexual y la ubicación geográfica. En América Latina, la penalización golpea de forma desproporcionada a mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes y rurales, que carecen de recursos para viajar, acudir a clínicas privadas o acceder a métodos seguros, mientras quienes disponen de ingresos logran eludir la prohibición. Por eso, exigir un aborto legal en América Latina no es solo una reforma jurídica: es una reivindicación de justicia redistributiva contra el sesgo de clase y etnia de la prohibición.

Desde esta perspectiva, la lucha por el aborto legal se vincula necesariamente con la justicia social y con la igualdad de oportunidades económicas y laborales: cuando se niega el derecho a decidir, la maternidad impuesta recae sobre quienes tienen menos recursos, lo que perpetúa la pobreza y restringe su educación y empleo. La despenalización del aborto, acompañada del acceso público y gratuito a los servicios, no solo amplía derechos individuales: contribuye a reducir las desigualdades sociales y a construir una sociedad más justa e inclusiva.

El legado de Galindo y los desafíos actuales

El pensamiento de María Galindo sigue siendo de vital importancia para el movimiento feminista actual, especialmente ante los desafíos de la lucha por los derechos reproductivos en América Latina. Pese a avances verificables logrados en la región desde 2020 —la Ley 27.610 de Argentina, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia, que la despenalizó hasta la semana 24—, el aborto continúa penalizado o severamente restringido en buena parte de los países latinoamericanos, con prohibiciones absolutas vigentes en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El legado de Galindo nos invita a seguir cuestionando las estructuras de poder, a desafiar la moral conservadora y a luchar por una sociedad en la que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Su trabajo nos recuerda que el aborto legal, seguro y gratuito es una cuestión de justicia social, autonomía y libertad, y que la lucha por este derecho es fundamental para construir un feminismo transformador y emancipador.