Violencia obstétrica en el sistema de salud público: causas y consecuencias

El proceso de parto es una etapa determinante en la autonomía y salud de las mujeres. En condiciones ideales, debe ser un espacio de cuidado, respeto y apoyo. Sin embargo, para muchas mujeres la experiencia en el sistema de salud pública incluye maltrato en el parto y prácticas que vulneran su dignidad y derechos. Esta realidad, denominada violencia obstétrica, constituye un problema sistémico que refleja estructuras de género desiguales y una deshumanización del cuerpo de la mujer en el ámbito clínico. Identificar sus causas y consecuencias es fundamental para transitar hacia un modelo de atención humanizada.

La violencia obstétrica se manifiesta en un continuo que va desde comentarios despectivos y humillantes hasta intervenciones médicas innecesarias o realizadas sin consentimiento informado. Puede afectar a mujeres de cualquier estrato social, pero quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres indígenas, migrantes o de bajos recursos, suelen ser las más perjudicadas. Muchos de estos casos no llegan a denunciarse porque el maltrato está normalizado o porque se desconocen los derechos propios; reconocer esta problemática es el primer paso para erradicarla y garantizar un parto seguro y respetuoso para todas.

Este análisis examina las causas y consecuencias de la violencia obstétrica en el sistema de salud público, con especial atención a las causas subyacentes y a sus repercusiones en la salud física y mental, así como en los vínculos afectivos de la unidad familiar.

¿Qué es la violencia obstétrica?

La violencia obstétrica, también denominada maltrato obstétrico o atención irrespetuosa en el parto, se define como cualquier acto u omisión por parte del personal de salud que afecte negativamente la salud física, mental, emocional y psicológica de la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto y el postparto. No se limita a la agresión física o sexual, sino que abarca un amplio espectro de conductas que vulneran los derechos de la mujer y su autonomía. En su declaración de 2014 sobre la prevención y eliminación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que estas prácticas vulneran los derechos humanos de las mujeres, pueden disuadirlas de acudir a los servicios de salud y constituyen un problema de salud pública que exige una respuesta sistemática.

Entre las manifestaciones de la violencia obstétrica más documentadas figuran:

• Humillación y malos tratos verbales: Comentarios despectivos, insultos, amenazas o falta de respeto.
• Negación de información: No proporcionar información clara y comprensible sobre los procedimientos médicos, los riesgos y las alternativas disponibles.
• Manipulación del cuerpo de la mujer sin consentimiento: Realizar exploraciones o procedimientos médicos sin el consentimiento informado de la paciente.
• Prácticas médicas innecesarias o inapropiadas: Inducir el parto sin justificación médica, practicar episiotomías rutinarias pese a que la evidencia recomienda un uso restrictivo, o realizar cesáreas innecesarias que exponen a riesgos quirúrgicos evitables.
• Negación del derecho a la acompañante: Impedir que la mujer tenga a su lado a la persona de su elección durante el trabajo de parto y el parto.
• Separación del bebé de la madre: Separar al bebé de la madre inmediatamente después del parto sin justificación médica.

Estas intervenciones vulneran los derechos de la mujer en el parto reconocidos en normas internacionales y en legislaciones latinoamericanas que la tipifican como una forma de violencia de género: Venezuela, en su Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), y Argentina, en la Ley 26.485 (2009), fueron pioneras al definirla y sancionarla, y ambas reconocen derechos como la salud, la integridad física, la información, el consentimiento informado en el parto y la autodeterminación sobre el propio cuerpo.

Causas de la violencia obstétrica en el sistema de salud público

Las causas de la violencia obstétrica son complejas y multifactoriales, pero algunas de las más relevantes en el contexto del sistema de salud público son:

• Sobrecarga de trabajo y falta de personal: La escasez de recursos humanos y la alta demanda de atención pueden llevar a un trato impersonal y apresurado, sin espacio para explicar los procedimientos ni atender las dudas de la paciente.
• Falta de formación en perspectiva de género: La carencia de capacitación técnica en derechos sexuales y reproductivos perpetúa sesgos de género y prácticas deshumanizadas dentro del protocolo clínico.
• Cultura institucional jerárquica y paternalista: La estructura jerárquica y la cultura paternalista del sistema de salud pueden fomentar un trato autoritario y desconsiderado hacia las pacientes.
• Medicalización excesiva del parto: Tratar el parto como un evento patológico o una emergencia médica, en lugar de un proceso fisiológico, multiplica intervenciones quirúrgicas e instrumentales —episiotomías, cesáreas o inducciones— que la evidencia clínica no respalda de forma sistemática: la propia OMS advierte que, a nivel poblacional, las tasas de cesárea por encima del 10 % no reducen la mortalidad materna ni neonatal.
• Estigma y discriminación: Las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, como mujeres indígenas, migrantes o de bajos recursos, pueden ser objeto de discriminación y maltrato por parte del personal de salud.
• Ausencia de mecanismos de denuncia y seguimiento: La inexistencia de protocolos efectivos para la rendición de cuentas y la sanción de malas prácticas fomenta la impunidad institucional.

Estas causas se entrelazan y se refuerzan mutuamente: la medicalización del parto y la precariedad asistencial naturalizan un trato autoritario, y el círculo vicioso resultante perpetúa la violencia obstétrica en el sistema de salud público.

Consecuencias de la violencia obstétrica para la mujer y su bebé

La violencia obstétrica genera secuelas profundas. A nivel físico, puede derivar en lesiones traumáticas, infecciones, hemorragias y complicaciones crónicas como trastornos del suelo pélvico o disfunción sexual. En el plano psicológico, los cuadros de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT) son frecuentes debido al trato degradante recibido.

Las secuelas psicológicas de la violencia obstétrica pueden prolongarse más allá del puerperio: muchas mujeres desarrollan miedo a nuevos embarazos y al propio parto, evitan retomar los controles ginecológicos y pierden la confianza en el personal sanitario, lo que agrava el malestar, deteriora la relación de pareja y compromete el vínculo temprano con el bebé.

Las repercusiones se extienden al neonato; un parto traumático y la interrupción de la lactancia por la separación injustificada del binomio madre-hijo pueden interferir en el desarrollo neurobiológico y en la consolidación del vínculo de apego seguro.

En resumen, la violencia obstétrica no solo perjudica a la mujer, sino que también tiene efectos negativos en la salud y el bienestar de su bebé y de toda la familia.

Propuestas para una atención obstétrica humanizada

Erradicar la violencia obstétrica exige una transformación estructural en la cultura institucional de la salud pública mediante las siguientes acciones:

• Formación del personal de salud: Capacitar al personal de salud en perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, y técnicas de comunicación que promuevan el respeto y la empatía.
• Promoción del parto natural: Fomentar un enfoque del parto centrado en la mujer, que respete su autonomía y sus decisiones, y que evite intervenciones médicas innecesarias.
• Garantizar el derecho a la acompañante en el parto: Permitir que la mujer elija libremente quién la acompaña durante el trabajo de parto, el parto y el postparto, y que esa persona pueda permanecer a su lado salvo indicación médica justificada y comunicada.
• Implementar protocolos de atención al parto respetado: Elaborar guías escritas y de aplicación obligatoria que definan cuándo procede cada intervención y garanticen un trato digno, el acompañamiento y decisiones libres de presión durante todo el proceso.
• Crear mecanismos de denuncia y seguimiento: Habilitar canales confidenciales, accesibles y con perspectiva de género para la denuncia de violencia obstétrica, y garantizar que cada caso sea investigado y sancionado y que se corrijan las prácticas que lo originaron.
• Empoderamiento y educación: Garantizar que las mujeres conozcan sus derechos legales y clínicos para que puedan ejercer una toma de decisiones informada y exigir estándares de calidad profesional.

El objetivo final es que el sistema de salud público garantice una atención que acompañe las decisiones de la mujer y no la discipline. Un parto humanizado y respetado no es solo un derecho de las mujeres, sino también una vía concreta para prevenir la violencia obstétrica y una inversión en la salud y el bienestar de las futuras generaciones.