¿Qué Argumentos Utilizaba María Galindo para Defender el Aborto Seguro?

María Galindo, teórica feminista y activista política boliviana, es cofundadora del colectivo Mujeres Creando, creado en La Paz en 1992 junto a otras activistas, y una de las voces más representativas del feminismo boliviano. Ha centrado su labor en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, vinculando la legalización del aborto con una crítica estructural al patriarcado. Su postura trasciende la defensa de la autonomía individual al denunciar cómo las estructuras de poder negaron históricamente a las mujeres el control de sus propios cuerpos. Su crítica a la criminalización del aborto parte de entenderla como una herramienta de control social que opera con mecanismos clasistas y racistas y golpea de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

Su enfoque, ampliamente divulgado en sus libros y ensayos, se centraba en desnaturalizar la experiencia de la maternidad impuesta y en visibilizar las consecuencias sociales y económicas del embarazo no deseado. Para Galindo, el aborto como justicia social y como cuestión de salud pública no era un debate moral o religioso, sino una exigencia de derechos humanos fundamentales. Entendía, además, que las consecuencias de la prohibición del aborto no son evitar la práctica, sino empujarla hacia procedimientos clandestinos, peligrosos y mortales.

Este análisis recorre los argumentos de María Galindo en defensa del aborto seguro y muestra cómo su pensamiento articula la autonomía corporal con la justicia social y la resistencia política.

El Aborto como Cuestión de Justicia Social

Galindo sostiene que las restricciones legales al aborto impactan de forma diferenciada según la posición socioeconómica. En Bolivia el aborto está penalizado y la ley solo contempla excepciones en casos de violación, incesto o riesgo para la vida o la salud de la madre, supuestos que en la práctica resultan de difícil acceso para muchas mujeres. Las mujeres con menores recursos, comunidades indígenas, migrantes y residentes en zonas rurales enfrentan mayores barreras ante la criminalización, debido a la carencia de servicios de salud públicos de calidad y la falta de acceso a educación integral en salud reproductiva. Desde su perspectiva, la prohibición del aborto no solo vulnera derechos, sino que perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad estructural.

Galindo sostenía que el Estado boliviano tiene la obligación de garantizar el acceso equitativo a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, sin distinción de clase, raza, origen étnico o lugar de residencia. Esto implica no solo legalizar el aborto, sino también desestigmatizarlo, brindar información precisa y accesible sobre los servicios de aborto seguro y garantizar que esos servicios estén disponibles en todas las regiones de Bolivia, sobre todo donde las mujeres tienen menos acceso a la atención médica.

Autonomía Corporal y el Derecho a Decidir

Un pilar fundamental del pensamiento de María Galindo sobre el aborto era la defensa de la autonomía corporal de las mujeres. Ella argumentaba que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es inalienable y debe ejercerse sin injerencias externas ni coacciones, pues de esa decisión depende la posibilidad de conducir libremente la propia vida. Para Galindo, el embarazo y el parto son experiencias que deben ser elegidas libremente por la mujer, y ninguna persona ni institución tiene el derecho de obligarla a llevar a término un embarazo no deseado.

La autonomía corporal, para Galindo, no se limitaba al ámbito reproductivo, sino que se extendía a todos los aspectos de la vida de las mujeres. Sostenía que quien no controla su propio cuerpo difícilmente participa en condiciones de igualdad en la vida pública, por lo que ligaba la reivindicación de esa autonomía a la conquista de la libertad política, frente a las normas y expectativas impuestas por la sociedad patriarcal. Esta defensa de la autonomía individual se entrelazaba con su crítica a la violencia de género y a todas las formas de opresión que limitan la libertad de las mujeres.

Desnaturalizando la Maternidad

Galindo cuestiona la construcción social de la maternidad como un destino biológico inevitable. Denuncia la presión cultural que impone este rol y la romantización de la crianza, factores que invisibilizan la carga de cuidados y las dificultades materiales de la maternidad. Su propuesta busca que la maternidad sea una elección política y personal, desvinculando el valor de la mujer de su capacidad reproductiva y reconociendo que las tareas de crianza y de cuidados no remunerados se han asignado históricamente a las mujeres como parte del orden patriarcal.

Ella insistía en que el valor de las mujeres no debe estar determinado por su capacidad para procrear, y que las mujeres tienen derecho a una vida plena y satisfactoria, independientemente de si eligen ser madres o no. Para Galindo, la desnaturalización de la maternidad es un paso fundamental para lograr la igualdad de género y para desmantelar las estructuras patriarcales que oprimen a las mujeres.

María Galindo argumentaba que la criminalización no reduce el número de abortos, sino que los desplaza hacia el aborto clandestino y la mortalidad materna asociada a las prácticas inseguras. La evidencia comparada, recogida también por la Organización Mundial de la Salud, no muestra tasas de aborto más bajas en los países con leyes restrictivas: lo que cambia es dónde y en qué condiciones se practican. Por ello defendía la despenalización del aborto y su integración en los sistemas públicos de salud como una estrategia de reducción de riesgos y de garantía de derechos fundamentales.

Galindo subrayaba que la ilegalidad agrava el riesgo más allá del procedimiento mismo: el temor a ser denunciadas disuade a muchas mujeres de acudir a un centro de salud cuando surgen complicaciones, de modo que hemorragias e infecciones tratables se agravan hasta volverse mortales. Quienes tienen recursos pueden costear una clínica privada o viajar a un país donde el aborto es legal, mientras las mujeres más pobres, indígenas y rurales quedan expuestas a prácticas inseguras; para Galindo, esa brecha es una manifestación más de la desigualdad estructural.

Para Galindo, el aborto como salud pública implica que el acceso al aborto legal y seguro debe ser garantizado por el Estado en condiciones de igualdad para todas las mujeres, con independencia de su nivel de ingresos o de su lugar de residencia. Abogaba por la despenalización del aborto y por servicios públicos que ofrezcan interrupciones seguras, accesibles y respetuosas de la confidencialidad de cada mujer. Argumentaba que la legalización no solo protege la salud de las mujeres, sino que reduce la mortalidad materna y mejora la calidad de vida de las mujeres y sus familias.