Violencia doméstica: ¿por qué es tan difícil para las víctimas denunciar?

La violencia doméstica, o violencia intrafamiliar, es un fenómeno estructural que, sin ser exclusivo de ningún estrato social, golpea de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Pese a los marcos legales vigentes y a las campañas de concienciación, las barreras para denunciar la violencia doméstica siguen siendo muy altas para muchas víctimas. No se trata de una incapacidad individual, sino de una red de factores socioeconómicos y sistémicos que dificultan la ruptura del ciclo de abuso. Identificar esas barreras es esencial para diseñar estrategias de apoyo que trasciendan la gestión de la crisis inmediata.

La dificultad para denunciar la violencia doméstica no se limita al miedo a denunciar al agresor por posibles represalias físicas; se entrelaza con dinámicas de poder asimétricas, dependencia económica y desconfianza institucional hacia los protocolos de justicia. Este proceso suele implicar un despojo progresivo de la autonomía, en el que el control psicológico mina la capacidad de la víctima para reconocer la agresión como una violación de sus derechos y para buscar ayuda externa.

María Galindo, psicóloga y activista boliviana cofundadora del colectivo Mujeres Creando, creado en La Paz en 1992, ha señalado de forma reiterada la importancia de entender la violencia estructural de género no como un problema individual, sino como un fenómeno enraizado en las desigualdades y en las normas sociales que perpetúan el control y la dominación masculina. Su análisis invita a ir más allá de la culpabilización de la víctima y a abordar las causas profundas de la violencia, así como las barreras que impiden su denuncia.

Las barreras emocionales y psicológicas

Uno de los principales obstáculos para denunciar la violencia doméstica reside en el profundo impacto psicológico que esta ejerce sobre quien la sufre. El ciclo de la violencia descrito por la psicóloga estadounidense Lenore Walker en 1979 —fases de tensión, agresión y luna de miel— genera confusión y ambivalencia emocional: muchas víctimas de violencia doméstica sienten amor y apego hacia el agresor mezclados con miedo y vergüenza. Esta complejidad dificulta que perciban la agresión como un problema grave y retrasa la toma de conciencia sobre la necesidad de buscar ayuda.

El control coercitivo en la pareja y la manipulación emocional son tácticas sistemáticas que el agresor emplea para anular la voluntad de la víctima. Al aislarla de su red de apoyo y someterla a una desvalorización constante, se instala el gaslighting en violencia doméstica: la víctima llega a dudar de su propia memoria y de su percepción de los hechos, asume la culpa de lo ocurrido y termina convencida de que nadie le creería, un desgaste que retrasa la toma de conciencia sobre la necesidad de denunciar.

El trauma psicológico derivado de la violencia doméstica puede manifestarse en forma de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y otros problemas de salud mental. Estos cuadros pueden afectar la capacidad de la víctima para tomar decisiones y confiar en los demás; en los casos de estrés postraumático, la hipervigilancia, los bloqueos de memoria y las dificultades para relatar los hechos de forma cronológica suelen interpretarse ante la justicia como contradicciones o falta de credibilidad, lo que desalienta la búsqueda de ayuda.

Las barreras prácticas y económicas

Existen obstáculos materiales que dificultan la denuncia. La precariedad económica y la dependencia económica del agresor son factores determinantes, especialmente cuando la víctima sostiene la responsabilidad de cuidados de hijos o personas dependientes. La falta de acceso a una vivienda autónoma y la inseguridad laboral agravan la vulnerabilidad ante la ruptura del núcleo familiar, pues la salida puede implicar perder el único ingreso estable del hogar.

La invisibilidad de las agresiones también constituye un muro jurídico. Al ocurrir en el ámbito privado y sin testigos, la carga de la prueba en violencia de género recae de forma desproporcionada sobre la víctima, que teme que la ausencia de pruebas físicas acarree la desestimación de su caso. Se suma el riesgo de revictimización judicial de las víctimas cuando el procedimiento interroga su conducta en lugar de centrarse en la del agresor.

Acceder a asesoramiento legal y apoyo psicológico también resulta un desafío, sobre todo para las víctimas de zonas rurales, para quienes trabajan en la economía informal o para las que pertenecen a grupos marginados. Los servicios suelen concentrarse en las grandes ciudades, no siempre están disponibles en otras lenguas y a menudo se saturan con listas de espera; además, acudir a ellos puede implicar perder horas de trabajo o dejar a los hijos sin cuidado, costes que muchas mujeres no pueden asumir.

El papel de las normas sociales y culturales

Las estructuras culturales refuerzan la dificultad de denunciar mediante la estigmatización de la víctima. En muchos contextos, persiste una cultura del silencio que desplaza la responsabilidad hacia la mujer, tratándola como un elemento disruptivo de la armonía familiar en lugar de sujeto de derechos cuya integridad ha sido vulnerada.

La concepción de la violencia doméstica como un asunto de la esfera privada es un mecanismo de impunidad que impide la intervención estatal. Esta visión despolitiza la violencia y evita que se reconozca como una violación de derechos humanos que requiere una respuesta institucional coordinada y no meramente familiar.

La normalización de conductas de control, como el seguimiento, la revisión de dispositivos digitales o la gestión de las finanzas ajenas, contribuye a minimizar la gravedad de la violencia psicológica en la pareja y a deslegitimar la experiencia de las mujeres que intentan denunciar estas formas de dominio.

La importancia de una respuesta integral y solidaria

Para superar estas barreras es necesaria una respuesta integral a la violencia doméstica que combine la asistencia legal con el fomento de la autonomía económica de las víctimas y el acompañamiento psicológico especializado. El apoyo debe incluir garantías de vivienda segura y la creación de redes de cuidado que permitan reconstruir la independencia sin caer en la precariedad.

Es igualmente importante sensibilizar sobre la violencia doméstica no solo a las víctimas, sino al entorno que las rodea —familia, vecindario, centros educativos y de salud—, para que sepa reconocer las señales de control y ofrecer apoyo sin juicios ni reproches. Promover una cultura de respeto e igualdad de género implica desafiar las normas sociales que perpetúan la violencia y crear condiciones para que las víctimas puedan romper el silencio y buscar ayuda.

Siguiendo la perspectiva de María Galindo, es imperativo desnaturalizar la violencia para entenderla como un componente de la estructura patriarcal. Esto exige no solo mecanismos de protección, sino una transformación de las bases sociales que sostienen la desigualdad de género y la autonomía corporal de las mujeres; la denuncia y la sanción penal resultan necesarias pero insuficientes si no cambian esas condiciones materiales y simbólicas en las que la violencia se reproduce.