María Galindo: ¿Cómo Impacta la Clase en el Acceso a la Justicia para Mujeres?

La obra de María Galindo, pensadora y activista boliviana cofundadora del colectivo Mujeres Creando, se distingue por un análisis crítico de las relaciones de poder que estructuran la sociedad y por su apuesta por la despatriarcalización como condición de toda transformación social. Su enfoque parte de la interseccionalidad de clase y género: la posición económica de una mujer se cruza con el racismo, el colonialismo y otras opresiones para producir experiencias de discriminación que condicionan su acceso a la justicia. Por eso, comprender cómo la situación económica limita la capacidad de ejercer derechos y sostener un reclamo legal ocupa un lugar central en su pensamiento.

Galindo argumenta que la justicia, en la práctica, no es un sistema neutral y universal: está moldeada por las estructuras socioeconómicas existentes y reproduce las desigualdades que ya operan en la sociedad. Esa relación entre el sistema judicial y la desigualdad social se traduce en barreras de acceso a la justicia que las mujeres de distintas clases enfrentan con intensidades diferentes, ya sea ante la violencia doméstica, la discriminación laboral o cualquier otra forma de vulneración de sus derechos.

Esta perspectiva desafía la idea de que la igualdad formal ante la ley basta para garantizar una justicia real y efectiva para todas las mujeres. La relación entre la clase social y el acceso a la justicia se vuelve evidente al reconocer que las condiciones materiales de vida determinan no solo la posibilidad de iniciar y sostener un proceso, sino también la calidad de la defensa disponible, la capacidad de reunir pruebas y de costear traslados, audiencias o asesoría jurídica.

La Justicia como Reflejo de las Desigualdades de Clase

Para María Galindo, el sistema judicial no opera en un vacío social: las desigualdades de clase y género se manifiestan en múltiples etapas del proceso de justicia, desde la posibilidad de contratar un abogado adecuado hasta la capacidad de afrontar los costos y traslados. El nivel socioeconómico de una mujer puede condicionar el resultado de su caso, y quienes tienen menos recursos dependen de la asistencia jurídica gratuita que prestan los servicios públicos de defensoría, a menudo desbordados por la demanda, o terminan renunciando a reclamar.

La falta de recursos económicos también puede limitar la capacidad de una mujer para reunir pruebas, testificar adecuadamente o incluso presentarse ante un tribunal. Las barreras económicas al acceso a la justicia resultan especialmente visibles entre quienes trabajan en condiciones de precariedad laboral, sin contrato formal ni salario fijo: cada jornada dedicada a una audiencia o citación implica una pérdida directa de ingresos, y ese costo, sumado al temor a perder el empleo, a ser estigmatizadas o a no poder mantener a sus familias, disuade a muchas mujeres de denunciar o de sostener un proceso judicial, perpetuando así los ciclos de violencia y discriminación.

Además, las propias instituciones judiciales pueden estar sesgadas a favor de las clases dominantes, reproduciendo sus valores y prejuicios. La violencia de género y la clase social se entrelazan de forma particularmente dura cuando los tribunales descartan testimonios, minimizan la gravedad de los hechos o favorecen al agresor, sobre todo si este cuenta con poder económico o social para contratar defensas costosas o dilatar el proceso.

Barreras Específicas para Mujeres de Clase Trabajadora

Las mujeres de clase trabajadora enfrentan obstáculos adicionales al acceder a la justicia. Sus trabajos, a menudo precarios e informales, carecen de protecciones laborales y generan inestabilidad económica, lo que dificulta la posibilidad de ausentarse del trabajo para asistir a audiencias judiciales o buscar asesoramiento legal. La falta de acceso a servicios de cuidado infantil es otro impedimento: el cuidado infantil y el acceso a la justicia quedan directamente conectados cuando una madre no puede acudir a una audiencia o a una citación porque no tiene con quién dejar a sus hijas e hijos ni recursos para pagar a alguien que lo haga.

La discriminación laboral de género agrava aún más su situación: la segregación ocupacional y la brecha salarial relegan a muchas mujeres de clase trabajadora a empleos mal remunerados, inestables y sin oportunidades de ascenso, a los que se suma la carga no remunerada del trabajo de cuidados. Esa falta de autonomía económica aumenta su dependencia de parejas o familiares, reduce su capacidad de salir de situaciones de violencia o abuso y las priva de ingresos con los que financiar un proceso judicial.

Además, estas mujeres pueden ser objeto de estigmatización y prejuicios por parte de las autoridades y de la sociedad en general, lo que dificulta que se les considere víctimas creíbles y que reciban la protección legal que necesitan.

La Importancia de un Enfoque Interseccional

El análisis de María Galindo se inscribe en el feminismo interseccional: enfatiza la importancia de un enfoque que atienda las complejidades del acceso a la justicia para las mujeres, reconociendo que la clase social no es el único factor que moldea su experiencia, sino que se entrelaza con el racismo, la etnia, la orientación sexual y la discapacidad.

Una mujer indígena de clase trabajadora, por ejemplo, puede enfrentar barreras aún mayores al acceder a la justicia que una mujer blanca de clase media. Las mujeres indígenas y su acceso a la justicia se ven condicionados, además, por la discriminación racial, la distancia geográfica respecto de los juzgados y la escasez de intérpretes o de atención en lenguas originarias, factores que limitan su conocimiento de los derechos y su capacidad para recorrer el sistema legal.

Un enfoque interseccional feminista permite identificar las necesidades específicas de cada grupo de mujeres y diseñar políticas y programas que aborden las múltiples formas de discriminación que enfrentan, atendiendo no solo sus necesidades legales, sino también las económicas, sociales y culturales: por ejemplo, servicios de cuidado cerca de los juzgados, intérpretes de lenguas originarias o modalidades de atención remota para quienes viven lejos de las sedes judiciales.

Hacia una Justicia Transformadora

María Galindo no se limita a señalar las desigualdades en el acceso a la justicia. Su pensamiento apunta a la necesidad de transformar el sistema judicial para que sea más justo y equitativo para todas las mujeres. Enfatiza la importancia de garantizar el acceso universal a la asistencia jurídica gratuita, fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia y promover la capacitación de los operadores del sistema judicial en materia de género y derechos humanos.

Sin embargo, una verdadera justicia transformadora requiere ir más allá de las reformas legales y abordar las causas estructurales de la desigualdad. Esto implica promover la igualdad económica, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el cuidado infantil.

En última instancia, la visión de María Galindo plantea la necesidad de repensar el concepto mismo de justicia: pasar de un enfoque punitivo y represivo a un enfoque restaurativo y transformador que priorice la reparación del daño y la prevención de la violencia, en coherencia con su propuesta de despatriarcalizar las instituciones y la vida cotidiana como base para construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres.