Violencia obstétrica: cómo la denunció María Galindo y qué sabemos hoy

La violencia obstétrica es el término con el que el feminismo latinoamericano nombra las acciones u omisiones del personal de salud que, durante el embarazo, el parto y el postparto, dañan o vulneran los derechos de las mujeres. Estas prácticas se trataron durante mucho tiempo como parte natural del proceso de dar a luz, hasta que el activismo y la investigación permitieron reconocerlas como una forma específica de violencia de género, con dimensiones físicas, psicológicas y emocionales.

María Galindo, referente del feminismo boliviano y cofundadora del colectivo anarcofeminista Mujeres Creando, fundado en La Paz en 1992, fue una de las primeras activistas de la región en denunciar la violencia obstétrica ante la opinión pública, en un momento en que el término apenas circulaba fuera de los espacios feministas.

Su aporte consistió en inscribir estas prácticas en una dimensión política y de poder sobre el cuerpo de las mujeres: para Galindo, la autonomía reproductiva exige que el sistema de salud reconozca a la gestante como sujeto de decisión y no como objeto de atención médica.

Aunque la atención médica es crucial y puede salvar vidas, el sistema ha operado bajo un enfoque paternalista y jerárquico en el que el saber clínico se impone sobre la palabra de la gestante: se decide por ella, se le informa poco y la obediencia se presenta como parte del cuidado.

Su denuncia, difundida a través de murales, performances y la radio del colectivo, no apuntaba al maltrato aislado de un profesional, sino a la medicalización del parto, a las intervenciones sin consentimiento y a la desautorización de la autonomía corporal de las mujeres.

Este artículo analiza la denuncia de María Galindo sobre la violencia obstétrica, su definición técnica actual, sus manifestaciones clínicas y sociales, y las vías para promover una atención humanizada.

¿Qué entendemos hoy por violencia obstétrica?

María Galindo expuso, mediante el activismo y la teoría feminista, cómo las prácticas médicas funcionan como mecanismos de control biopolítico que recaen con más fuerza sobre las mujeres en situación de precariedad económica y exclusión social, un rasgo que atraviesa la violencia obstétrica en América Latina tanto en el sistema público como en el privado, donde las cesáreas sin indicación médica son particularmente frecuentes.

Estas prácticas suelen permanecer invisibilizadas: ocurren en un momento de especial vulnerabilidad, en un ámbito que se percibe como protector, y muchas mujeres no las identifican como violencia hasta tiempo después, por lo que rara vez llegan a denunciarse o a registrarse estadísticamente.

Galindo puso el foco en la violencia psicológica obstétrica, una de las dimensiones más frecuentes y menos reconocidas: la invalidación del dolor y de las emociones, la información insuficiente sobre las opciones de parto y la imposición de protocolos sin consentimiento informado en el parto funcionan como mecanismos cotidianos de sometimiento que erosionan la confianza de la mujer en su propia capacidad de decidir.

Ese cuestionamiento del control institucional sobre el cuerpo gestante encontró después respaldo en encuestas y estudios clínicos que documentan la frecuencia de estas prácticas; los tipos de violencia obstétrica más documentados en esa literatura son:

La violencia obstétrica suele ser el resultado de protocolos sistémicos que priorizan la eficiencia hospitalaria y la patologización del proceso natural sobre los derechos y la autonomía de las mujeres; por eso la OMS, en su declaración de 2014 sobre prevención y erradicación del maltrato y la falta de respeto durante la atención institucional del parto, sostuvo que estas conductas vulneran los derechos humanos y exigen respuestas de los sistemas de salud, no solo individuales.

Derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y postparto

Las mujeres tienen derecho a una atención obstétrica respetuosa, humanizada y basada en el consentimiento informado, un estándar que reúne los derechos de las mujeres en el parto reconocidos en instrumentos internacionales y en leyes nacionales como la venezolana de 2007, pionera en tipificar esta forma de violencia, seguida por la ley argentina 26.485 de 2009, que la reconoce entre sus modalidades. Estos derechos incluyen:

• Derecho a la información: Recibir información clara, completa y comprensible sobre todas las opciones disponibles durante el embarazo, el parto y el postparto, incluyendo los riesgos y beneficios de cada opción.
• Derecho a la autonomía: Tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su salud, sin coerción ni presión.
• Derecho al respeto: Ser tratada con dignidad y respeto por el personal de salud, sin discriminación ni prejuicios.
• Derecho a la privacidad: Tener garantizada la confidencialidad de su historial médico y a que se respete su intimidad durante la atención obstétrica.
• Derecho a la compañía: Contar con el acompañamiento durante el parto de una persona de su elección, un derecho reconocido en la región y recomendado por la OMS por su efecto positivo sobre la evolución del trabajo de parto.
• Derecho a un parto seguro: Recibir una atención obstétrica segura y de calidad, que garantice la salud de la madre y del bebé.

¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia obstétrica?

La prevención de la violencia obstétrica requiere un esfuerzo conjunto y sostenido de las mujeres, los profesionales de la salud, las instituciones y la sociedad en general, y combina garantías legales efectivas con un cambio de fondo en la cultura asistencial. Algunas medidas clave incluyen:

• Educación y sensibilización: Informar a las mujeres sobre sus derechos y sobre qué es la violencia obstétrica.
• Capacitación del personal de salud: Proporcionar capacitación continua al personal de salud en atención obstétrica respetuosa, comunicación efectiva y derechos humanos.
• Promoción del parto humanizado: Fomentar prácticas de parto que respeten la autonomía de la mujer, promuevan el vínculo afectivo y eviten intervenciones innecesarias.
• Denuncia y sanción: Difundir cómo denunciar la violencia obstétrica ante la autoridad sanitaria, las defensorías del pueblo u otros organismos de protección de derechos según la legislación de cada país, garantizar la investigación de los casos y la sanción de quienes la ejercen, y proteger a quien denuncia de represalias y revictimización.
• Empoderamiento de las mujeres: Fortalecer la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su propia salud y para exigir un trato respetuoso.

La lucha contra la violencia obstétrica es central en la demanda de autonomía corporal y el derecho a una vida libre de violencia. Visibilizar estas prácticas permite avanzar hacia un modelo de atención donde la seguridad clínica no vulnere la dignidad de las mujeres.