Devaluación del trabajo femenino: ¿cómo lo perpetúa la economía tradicional?

Mujer latina con camisa blanca de oficina lavando platos en el fregadero de su cocina, con una bolsa de portátil a sus pies y un dibujo infantil en la nevera, reflejando la doble jornada doméstica y laboral.

Desde hace siglos, la economía basada en la acumulación de capital ha construido un sistema que devalúa el trabajo realizado mayoritariamente por mujeres. La devaluación del trabajo femenino no es un fenómeno accidental, sino el resultado de estructuras socioeconómicas que asignan valores diferenciados a las actividades según el género y consagran la jerarquización del trabajo productivo y reproductivo, en la que lo remunerado se valora por encima de lo necesario para sostener la vida.

Esta falta de reconocimiento impacta la autonomía económica de las mujeres y su capacidad de participación social. La persistencia de las brechas salariales, la precariedad laboral femenina y la invisibilización del trabajo reproductivo en el PIB son síntomas estructurales de esta problemática: según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 2018, ese trabajo no remunerado equivaldría a cerca del 9 % del PIB mundial si se valorara económicamente. El análisis de María Galindo, centrado en las relaciones de poder y en la crítica a las estructuras patriarcales, permite comprender cómo se perpetúa este ciclo de exclusión.

Índice
  1. El concepto de trabajo reproductivo: más allá de la esfera privada
  2. La economía tradicional y la jerarquización del trabajo
  3. Impacto en la autonomía económica de las mujeres
  4. Desafiando el modelo tradicional: hacia una economía feminista

El concepto de trabajo reproductivo: más allá de la esfera privada

El trabajo reproductivo abarca todas aquellas actividades necesarias para la reproducción de la vida, tanto biológica como social. Esto incluye el cuidado de niños, personas mayores, enfermos y dependientes, la preparación de alimentos, la limpieza y el mantenimiento del hogar, pero también la formación de personas, la transmisión de cultura y la creación de vínculos sociales. Históricamente, este trabajo ha sido relegado a la "esfera privada" del hogar y asignado a las mujeres, considerándose algo "natural" o "amoroso" en lugar de trabajo productivo.

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Esta separación entre lo público y lo privado ha sido un mecanismo para invisibilizar el valor económico del trabajo reproductivo. Al quedar fuera de los modelos macroeconómicos tradicionales, el trabajo de cuidados no remunerado no genera retribución salarial, no se contabiliza en los indicadores de riqueza nacional y carece de marcos de protección social. Además, esta carga recae de forma desproporcionada sobre las mujeres: según la OIT, ellas realizan alrededor del 76 % del trabajo de cuidados no remunerado a escala mundial, un reparto desigual que profundiza la dependencia económica de las mujeres que lo asumen.

La economía tradicional y la jerarquización del trabajo

Una mujer con delantal alimenta con sopa a una anciana sentada en un sillón, en una sala modesta, mientras al fondo se ven borrosas torres de oficinas tras la ventana.

La economía tradicional, fundamentada en métricas de rentabilidad directa, tiende a valorar únicamente el trabajo que genera excedentes de capital medibles. Las actividades de cuidado y mantenimiento de la vida son categorizadas como externalidades o labores no económicas, una jerarquización sustentada en una visión patriarcal que naturaliza el rol de servicio de las mujeres.

Esta perspectiva no solo ignora la importancia vital del trabajo reproductivo para el funcionamiento de la sociedad, sino que también refuerza roles de género estereotipados y perpetúa la desigualdad. La idea de que el "trabajo de verdad" es aquel que se realiza fuera del hogar, a cambio de un salario, contribuye a la devaluación de las actividades realizadas dentro del hogar, que son cruciales para el bienestar familiar y social; cuando las mujeres acceden al empleo remunerado, además, suelen sostener una doble jornada en la que al trabajo asalariado se suman las tareas de cuidado y domésticas que siguen recayendo sobre ellas, prolongando esa sobrecarga.

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Impacto en la autonomía económica de las mujeres

La devaluación del trabajo femenino condiciona la autonomía económica de las mujeres al situarlas en una posición de dependencia estructural. La concentración de la mano de obra femenina en sectores de cuidados y servicios marcados por la informalidad, el tiempo parcial y los menores salarios reduce la cotización a la seguridad social, anticipa pensiones más bajas y limita su capacidad de decisión política y social.

Las consecuencias se expresan en la feminización de la pobreza: mayor vulnerabilidad económica a lo largo del ciclo vital, menor acceso a la educación y a la salud y una participación limitada en la vida política y social. Reconocer el valor económico del trabajo reproductivo no solo es una cuestión de justicia social, sino también una condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres.

Desafiando el modelo tradicional: hacia una economía feminista

Transformar el modelo económico hacia una perspectiva feminista exige reconocer el trabajo reproductivo como un pilar fundamental de la economía. Esto requiere políticas de corresponsabilidad en los cuidados que distribuyan la carga entre el Estado, el mercado y los hogares, la remuneración de las tareas de cuidado y el fortalecimiento de servicios públicos que aseguren la desmercantilización de la reproducción de la vida. En ese sentido, la crítica de María Galindo al patriarcado, formulada desde su activismo boliviano y desde el colectivo Mujeres Creando, apunta a desmantelar estas estructuras para que la autonomía corporal y económica sean derechos efectivos.

Además, es fundamental cuestionar la jerarquización del trabajo y valorar todas las actividades que contribuyen al bienestar social, independientemente de si generan beneficios económicos directos. Una economía feminista se basa en la idea de que todas las personas tienen derecho a una vida digna y a la autonomía económica, y de que la igualdad de género es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y justo. Se trata, en definitiva, de reordenar las prioridades de la política pública para poner la sostenibilidad de la vida en el centro del modelo económico.

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