El Estado frente al feminicidio: ¿avances reales o simulacro de protección?

La violencia contra las mujeres, en su expresión más extrema, el feminicidio, representa una de las graves omisiones históricas de los Estados. Si bien en las últimas décadas se ha logrado una mayor visibilización del problema y, en consecuencia, la implementación de diversas medidas legislativas y políticas públicas, persiste una pregunta fundamental: ¿estos esfuerzos se traducen en una protección real para las mujeres, o constituyen un simulacro de acción que no aborda las causas profundas de la violencia? El pensamiento de María Galindo, feminista y analista política, aporta herramientas cruciales para entender esta dinámica, señalando la necesidad de desnaturalizar las estructuras patriarcales que perpetúan la violencia y la importancia de una intervención estatal que vaya más allá de la mera respuesta punitiva.

A menudo, la respuesta estatal se limita a la criminalización de los feminicidios, asumiendo que el problema reside únicamente en la acción individual del agresor. Esta perspectiva ignora las condiciones sociales, económicas y culturales que favorecen la violencia machista. Una lectura en línea con el análisis feminista obliga, en cambio, a examinar la responsabilidad del Estado en el feminicidio: tanto su papel en la reproducción de desigualdades de género y de estereotipos que legitiman la dominación masculina como sus omisiones. En el caso González y otras («Campo Algodonero») contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2009 la responsabilidad internacional del Estado por no prevenir ni investigar con la debida diligencia los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; el fallo, pionero en la región, vinculó esa inacción estatal con la discriminación estructural de género y ordenó medidas de reparación y prevención. La verdadera protección implica, por tanto, una transformación integral de las estructuras sociales y una intervención estatal proactiva en la prevención de la violencia.

El feminicidio no es un problema aislado, sino la consecuencia más extrema de un continuo de violencia de género que incluye maltrato físico, psicológico, económico y sexual. Todo ello ocurre en un contexto de discriminación sistémica y de impunidad en feminicidios que restringe el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, desalienta la denuncia y deja desprotegidas a quienes todavía están con vida.

La respuesta penal al feminicidio: ¿una solución suficiente?

La tipificación del feminicidio como delito autónomo ha sido un avance importante en muchos países de América Latina. En Bolivia, por ejemplo, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348, de 2013) incorporó el feminicidio como delito autónomo con penas severas. Sin embargo, la efectividad de estas leyes se ve limitada por diversos factores. En primer lugar, la dificultad para probar la motivación machista del crimen, que muchas veces queda relegada a un segundo plano en las investigaciones judiciales. El foco suele centrarse en las circunstancias del hecho, dejando de lado el contexto de violencia de género que lo precede.

Además, el sistema de justicia penal a menudo reproduce desigualdades de género. Las mujeres víctimas de violencia, especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia y obtener una reparación adecuada. La revictimización de las mujeres —obligadas a relatar la agresión una y otra vez, a ver cuestionada su palabra y a soportar juicios sobre su conducta—, la insuficiente incorporación de la perspectiva de género en la justicia, que se manifiesta en la escasa formación de los operadores, y la estigmatización social son obstáculos comunes que dificultan la denuncia y la persecución de los agresores.

Más allá de la penalización, resulta crucial abordar las causas estructurales del feminicidio: la desigualdad económica y la dependencia de las mujeres respecto del agresor, la tolerancia social hacia la violencia machista y la debilidad de las redes de protección. Esto implica invertir en políticas públicas contra el feminicidio que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, combatan la discriminación y los estereotipos sexistas, y garanticen el acceso a servicios de apoyo integral para las víctimas.

La prevención como pilar central

Una intervención estatal efectiva debe priorizar la prevención del feminicidio, que solo es posible si se actúa sobre la violencia de género antes de que escale. Esto requiere estrategias de detección temprana del riesgo, la activación inmediata de medidas de protección para víctimas de violencia de género y el seguimiento de cada caso, además de una coordinación integral entre el sistema educativo, los medios de comunicación, las instituciones públicas y la sociedad civil.

La educación en igualdad de género desde edades tempranas es fundamental para desconstruir los estereotipos de género y promover relaciones basadas en el respeto y la equidad, así como para que niñas y niños aprendan a identificar la violencia y a rechazarla. Los medios de comunicación tienen un papel crucial en la visibilización de la violencia de género, pero también en la reproducción de patrones culturales que la legitiman. Es necesario fomentar una representación mediática responsable y sensible a la realidad de las mujeres.

En el ámbito institucional, es fundamental fortalecer los servicios de atención y protección a las víctimas, garantizando el acceso a asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, refugios seguros y programas de inserción laboral. También es necesario formar en perspectiva de género a los funcionarios que intervienen en la atención y la investigación —jueces, fiscales, policías, personal de salud y de servicios sociales—, para que respondan a las necesidades de las mujeres de manera adecuada y sensible.

El rol del Estado en la despatriarcalización

María Galindo, feminista boliviana de la colectiva Mujeres Creando, ha señalado que el Estado, en su propia estructura, reproduce las relaciones de poder del patriarcado y se comporta en buena medida como un Estado patriarcal. En su ensayo No se puede descolonizar sin despatriarcalizar (2013) sostuvo que una transformación real exige la despatriarcalización del Estado: una revisión profunda de las instituciones para adaptarlas a las necesidades y demandas de las mujeres.

Esto implica no solo la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, sino también la promoción de la participación política de las mujeres, la eliminación de barreras que obstaculizan su acceso a cargos de poder y la garantía de una representación equitativa en todas las instancias de toma de decisiones.

Asimismo, es crucial cuestionar las normas y leyes que perpetúan la discriminación y la desigualdad de género, y promover la creación de un marco legal que proteja los derechos de las mujeres y garantice su pleno ejercicio.

Más allá de las medidas paliativas

Si bien la implementación de leyes y políticas públicas en materia de violencia de género ha representado un avance, es necesario reconocer que estas medidas son a menudo paliativas y no abordan las causas estructurales del problema. La experiencia de las mujeres que han sobrevivido a la violencia, y el análisis feminista, nos muestran que la verdadera protección implica una transformación radical de las relaciones de poder y de las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género.

Los avances en la lucha contra el feminicidio son reales sobre el papel, pero solo dejarán de ser un simulacro cuando el Estado anteponga la prevención a la reacción punitiva y asuma la transformación de las estructuras que sostienen la violencia. El desafío exige un compromiso firme y sostenido por parte del Estado, la sociedad civil y cada uno de sus miembros: únicamente una acción integral y coordinada, basada en el análisis feminista y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, permitirá construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.