Cómo identificar la violencia institucional en servicios de salud

La violencia institucional en el ámbito de la salud se refiere a un conjunto de acciones, omisiones o conductas ejercidas por agentes de instituciones sanitarias que vulneran los derechos de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A diferencia de la violencia interpersonal, esta no proviene necesariamente de un acto individual de maldad, sino que suele ser el resultado de prejuicios arraigados, protocolos inadecuados o la reproducción de estructuras de poder que deshumanizan el trato hacia el paciente.

Identificar esta violencia es fundamental para comprender que el sistema de salud, que tiene como fin el cuidado y la preservación de la vida, puede convertirse en un espacio donde se ejercen mecanismos de control, juicio y discriminación. Este artículo busca ofrecer criterios generales y patrones de comportamiento que permiten reconocer cuándo una atención sanitaria cruza la línea del respeto a la dignidad y los derechos humanos, permitiendo así una reflexión crítica sobre las dinámicas de poder en la asistencia médica.

Manifestaciones comunes de la violencia institucional

La violencia institucional no siempre es evidente o física; con frecuencia se manifiesta a través de una serie de conductas sutiles pero sistemáticas que invalidan la autonomía de la persona. Algunos de los patrones más comunes incluyen:

El trato deshumanizado y la falta de empatía. Esto ocurre cuando el personal de salud reduce a la persona a un síntoma, una patología o un número de expediente, ignorando su contexto social, emocional o su identidad. La comunicación unidireccional, donde no se permite el diálogo ni se explican los procedimientos, es una forma de invalidación de la capacidad de decisión del paciente.

La revictimización en contextos de violencia. En situaciones donde una persona busca ayuda debido a haber sufrido violencia de género o sexual, la institución puede ejercer violencia si el personal cuestiona la veracidad de su relato, la juzga por su comportamiento previo o le exige explicaciones que no vienen al caso para su atención clínica.

El juicio moral sobre la autonomía reproductiva. Un indicador claro de violencia institucional es la imposición de valores personales o morales por parte del personal sanitario sobre las decisiones de las personas en relación con su cuerpo y su salud reproductiva. Esto incluye la negativa a proporcionar información veraz, el condicionamiento de servicios o la presión para realizar o no determinados procedimientos.

La discriminación por identidad o condición social. El trato diferencial basado en la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, la clase social o la discapacidad constituye una forma de violencia que impide el acceso equitativo y digno a la salud.

El papel de la estructura y los protocolos

Es necesario entender que la violencia institucional a menudo no es un error aislado, sino que está integrada en la forma en que funcionan las instituciones. Los protocolos de atención pueden ser, en ocasiones, herramientas de exclusión si no han sido diseñados con una perspectiva de derechos y de género.

Cuando los protocolos son rígidos y no contemplan la diversidad de las realidades humanas, se producen barreras de acceso. Por ejemplo, un protocolo que no reconoce la identidad de género de una persona puede obligarla a vivir situaciones de humillación durante la exploración física o en el registro de datos. Asimismo, la falta de formación en perspectiva de género dentro de los sistemas de salud permite que los sesgos inconscientes de los profesionales se conviertan en prácticas institucionales estandarizadas.

La omisión es también una forma de violencia. El no actuar ante una situación evidente de riesgo, la demora injustificada en la atención por prejuicios sobre el estilo de vida de la persona o la falta de mecanismos claros para que el paciente denuncie un maltrato, son fallos estructurales que perpetúan la desprotección.

Criterios para la reflexión y la identificación

Para identificar si se está frente a una situación de violencia institucional, es útil analizar la experiencia desde tres ejes fundamentales:

La autonomía: ¿Se ha respetado mi capacidad para tomar decisiones informadas sobre mi cuerpo y mi tratamiento? ¿Se me ha proporcionado toda la información necesaria sin sesgos?

La dignidad: ¿He sido tratada como un sujeto con derechos y emociones, o como un objeto de estudio o de juicio? ¿El lenguaje y el tono utilizado han sido respetuosos?

La equidad: ¿Se me ha brindado la misma calidad de atención que a otras personas, o mi identidad o situación personal han influido en la rapidez, la calidad o el respeto de la atención recibida?

Es importante recordar que la identificación de estos patrones es el primer paso para la exigencia de derechos. Aunque las normativas y los procedimientos de denuncia varían según la jurisdicción y el sistema de salud de cada país, el reconocimiento de la violencia institucional permite transitar de una percepción de "mala suerte" o "mal trato individual" hacia una comprensión de la necesidad de cambios estructurales en el sistema sanitario.